Propuesta para proteger la calidad y continuidad del Presupuesto Público

Una autoridad técnica autónoma para reducir proyectos inmaduros, sobrecostos y discontinuidad del gasto

Cuando una obra pública se paraliza, el problema no es solamente presupuestario.

Un sistema de agua que no entra en funcionamiento significa familias que siguen esperando un servicio básico. Una carretera inconclusa implica más tiempo y mayores costos. Un hospital o un colegio que demora años adicionales no representa únicamente una desviación del cronograma: es un servicio que no llegó cuando debía.

Por eso, cuando el Estado inicia algo que no está suficientemente preparado para terminar, la factura no la paga una hoja de cálculo.

La pagan las personas.

A marzo de 2026, la Contraloría General de la República registraba 2,241 obras públicas paralizadas, con un costo actualizado aproximado de S/73,166 millones y más de S/35,196 millones pendientes de ejecución.

Las causas son diversas: incumplimientos contractuales, falta de recursos, deficiencias en expedientes técnicos, controversias y arbitrajes, entre otras.

La corrupción forma parte del problema y debe combatirse. Pero sería un error pensar que todo se explica por corrupción.

También existen proyectos que comienzan sin suficiente madurez, financiamiento, saneamiento físico o legal, identificación de interferencias o capacidad para sostener su ejecución.

Incluso sin corrupción, un Estado puede gastar mal si permite comprometer recursos antes de que un proyecto esté realmente preparado.

El presupuesto también debería poder decir “todavía no”

Entre 1982 y 1984 tuve la responsabilidad de dirigir la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Estado peruano actual es mucho más complejo y cuenta con sistemas, normas y controles que entonces no existían. Pero aquella experiencia me dejó una convicción que considero todavía vigente:

el presupuesto no debería ser solamente un mecanismo para distribuir recursos. También debería actuar como un filtro de calidad sobre aquello que el Estado se compromete a ejecutar.

Asignar presupuesto no corrige un expediente deficiente, no libera un terreno con problemas legales ni elimina una interferencia que no fue identificada.

Cuando esos problemas no se resuelven antes, aparecen después, cuando ya existen contratos, dinero comprometido y ciudadanos esperando.

Por eso considero que deberíamos discutir la posibilidad de transformar la actual Dirección General de Presupuesto Público en una Autoridad Nacional Autónoma de Presupuesto y Calidad del Gasto.

No propongo que una autoridad técnica decida qué hospitales, carreteras, colegios o sistemas de agua necesita el país. Esas son decisiones políticas.

Su responsabilidad sería distinta: certificar si determinados proyectos están suficientemente preparados para recibir recursos públicos relevantes.

Para ello debería verificar, según corresponda:

• estudios y expedientes técnicos con suficiente madurez;

• disponibilidad física y legal de terrenos;

• permisos, interferencias y principales riesgos;

• presupuesto integral y cronograma razonable;

• financiamiento multianual;

• costos posteriores de operación y mantenimiento;

• evaluación económica y social sustentada.

Varios de estos requisitos ya existen.

La diferencia fundamental no estaría entonces en generar más documentos, sino en quién puede certificar que las condiciones se cumplen y qué sucede cuando no se cumplen.

Una institución suficientemente independiente debería poder decir:

“Este proyecto puede ser necesario y prioritario, pero todavía no está preparado para recibir recursos.”

Ese “todavía no” es precisamente lo difícil de proteger.

Empezar una obra es visible. Anunciarla también. Corregir un expediente, resolver previamente una interferencia o esperar hasta asegurar el financiamiento completo genera mucho menos reconocimiento político.

Pero iniciar no equivale a avanzar.

Terminar también debería ser una prioridad

Cada gobierno tiene incentivos para impulsar sus propias prioridades. Es comprensible. Pero el Estado no comienza nuevamente cada cinco años.

Antes de abrir nuevos frentes debería evaluarse qué proyectos en ejecución pueden y deben concluirse, cuáles necesitan correcciones y cuáles, excepcionalmente, ya no tienen sentido.

La medición del éxito también debería cambiar.

No debería importar solamente cuántas obras se anuncian, cuánto presupuesto se asigna o cuánto se ejecuta.

Debería importar especialmente cuántas obras terminan funcionando y entregando a las personas el beneficio que justificó su financiamiento.

Una obra pública no cumple su propósito cuando se inaugura.

Lo cumple cuando sirve.

La autonomía tampoco basta

El Perú ya demostró que puede construir instituciones técnicas con continuidad frente a distintos ciclos políticos.

El BCRP es el ejemplo más visible. Su fortaleza no proviene solamente de la autonomía jurídica, sino también de su profesionalización, continuidad y acumulación de conocimiento.

No se trata de copiar ese modelo, sino de recoger una enseñanza: cuando una función es suficientemente importante, su diseño institucional importa.

Una Autoridad de Presupuesto y Calidad del Gasto necesitaría autoridades seleccionadas con transparencia, causales objetivas de remoción, acceso a información y rendición de cuentas.

Pero necesitaría, sobre todo, una verdadera carrera técnica presupuestaria.

El Estado debe poder captar, formar y conservar especialistas que acumulen experiencia durante décadas y cuya permanencia no dependa de cada cambio político.

La prueba serían los resultados

Crear una institución nueva no constituye, por sí mismo, ningún éxito.

La reforma solamente tendría sentido si produce resultados observables: menos obras paralizadas, menores desviaciones relevantes de costo y plazo, más proyectos concluidos y puestos en funcionamiento, mayor continuidad entre gobiernos y mejor utilización de los recursos públicos.

No eliminará por sí sola la corrupción ni evitará todas las contingencias.

Pero podría hacer mucho más difícil iniciar proyectos insuficientemente preparados y más costoso institucionalmente ignorar una advertencia técnica.

Hace décadas, el Perú decidió proteger la estabilidad de su moneda mediante una institución autónoma, técnica y profesional.

Quizá ha llegado el momento de preguntarnos si no debemos proteger con un rigor semejante la calidad del dinero público que gastamos.

Porque cuando una obra queda a medio camino, el Estado registra una obra paralizada.

Las personas registran algo distinto: agua que no llegó, una carretera que no se terminó, un hospital que no abrió o años adicionales esperando un servicio que ya habían pagado con sus impuestos.

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